RECORTES Y REFORMAS

 

Editorial de la revista ANPE nº 548

 

Las cifras definitivas de las cuentas reales del 2011 confirman que el anterior Gobierno acabó su mandato con un déficit del 8,51 % del PIB, es decir 91.344 millones de euros.  El objetivo comprometido con Bruselas del 6 % se ha desviado en dos puntos, que traducidos a dinero suponen 26.500 millones de euros.

La semana pasada el presidente del Gobierno de Cantabria afirmó en un encuentro con directores de colegios: vamos desnudos, no hay un euro. Para mí es tremendamente desagradable gestionar esta miseria. Esta expresión, que puede ser suscrita en similares términos por otros presidentes autonómicos, refleja la gravedad de la crisis y el fracaso del actual sistema.

 

La situación obliga a plantearse una política de transformaciones y reformas que vayan más allá del terreno meramente económico. Porque llevamos más de cuatro años inmersos en la crisis y seguimos sin resolver serios problemas estructurales del Estado de las autonomías.  Su descontrol presupuestario para hacer frente a la duplicidad de organismos y de cargos, a la multiplicación de empresas públicas, a la proliferación de entes de todo tipo – como las televisiones autonómicas – y un aumento constante de sus estructuras administrativas y burocráticas, algunas de muy difícil justificación, ha permitido elevar hasta extremos insospechados el gasto público.

 

Hemos llegado a esto tras muchos años de abusos y despilfarros. Y ahora no se puede corregir todo de un plumazo y cumplir al mismo tiempo con el objetivo impuesto por Bruselas de  bajar el déficit este año  al 4,4%. Por eso la previsión del gobierno de fijarlo en un 5,8 % es más realista y permitirá elaborar unos Presupuestos Generales del Estado con recortes menos drásticos, de los que confiamos en preservar el gasto educativo.

 

Pero para el cumplimiento de estos objetivos no basta sólo el esfuerzo del Gobierno central; se necesita también la corresponsabilidad de los ejecutivos regionales, que cuentan aún con margen para recortar sin reducir los servicios básicos.  No se trata sólo de sanear las cuentas y mantener la misma estructura administrativa para que, dentro de unos años, volvamos a replantearnos otra crisis de gasto público. Si las comunidades no pueden financiar sus competencias necesitamos una legislación básica en todos los ámbitos que reduzca la dimensión del modelo autonómico al nivel adecuado a su capacidad de financiación.

En este escenario, los funcionarios en general y los docentes en particular hemos tenido que soportar  brutales e injustos recortes salariales y laborales. No podemos seguir pidiendo más esfuerzo al colectivo docente, al que se le han mermado sus retribuciones en una media superior al 16% en los dos últimos años, al tiempo que se les ha despojado de derechos laborales y sociales conseguidos con mucho esfuerzo: fin de las jubilaciones anticipadas, retrasos en la edad de jubilación, aumento de horario lectivo y complementario sin ninguna compensación, eliminación de complementos, supresión de los meses de veranos a los interinos…y un sinfín de recortes que  están lastrando la puesta en marcha de muchos programas educativos.

 

Es imposible pagar la deuda generada en estos últimos años sólo con recortes. El Gobierno debe acometer reformas con firmeza y determinación,  empezando por la de la Ley de la Estabilidad que controle el gasto público, la del sistema financiero, la del mercado laboral y productivo y, naturalmente,  la del sistema educativo anunciadas en esta legislatura. Pero con ser importante y necesario todo ello, más pronto que tarde habrá que plantearse la reforma del Estado que haga viable el modelo de Estado autonómico y garantice las políticas sociales básicas: educación, sanidad y pensiones

 

Vienen tiempos difíciles.  ANPE, desde su responsabilidad y compromiso sólo con el profesorado cree necesario que se acometan e impulsen todas estas reformas estructurales para sacar a nuestro país de la grave crisis en la que estamos inmersos y para que sus efectos no los paguen los de siempre.

Los sindicatos de clase están convocando movilizaciones contra la reforma laboral y una huelga general para el 29 de marzo. ANPE ha decidido no secundar estas movilizaciones como tampoco secundamos las de la reforma laboral emprendida por el anterior gobierno que terminó con una huelga general que ni convocamos ni respaldamos. Estaremos en las movilizaciones exclusivamente de nuestro ámbito, contra los recortes educativos, en las que ya estamos participando y seguiremos haciéndolo, con perfil propio, y lo haremos también en defensa de la educación y la sanidad públicas en el marco de la FSES.

 

ANPE actúa valorando en exclusiva los legítimos intereses de los profesionales a los que representa, y espera que las reformas anunciadas en educación se hagan desde el diálogo, buscando el mayor grado posible de consenso, apelando al sentido de la responsabilidad de todos para evitar los enfrentamientos innecesarios y la excesiva politización que acompaña a los temas educativos . Por eso apelamos a un pacto de mínimos para preservar al sistema educativo de la crisis económica, en la certeza de que lograr una  educación de calidad para todos es, sin lugar a dudas, la mejor apuesta para superar la crisis económica y social.

 

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