¿HABRÁ ALGUNA VEZ UN PACTO DE ESTADO POR LA EDUCACIÓN?  

La idea de un Pacto de Estado por la Educación es uno de los mantras más recurrentes. Todo el mundo, cualquiera que sea su vinculación con el mundo educativo, proclama la necesidad de un pacto.

Asistimos estos días a un escenario lleno de incertidumbres en el intento de configurar un Gobierno, dificultado tanto por la difícil aritmética parlamentaria como por la falta de voluntad política. Son tiempo de pactos y, entre ellos, aparece el Pacto por la Educación en el escaparate de las propuestas de los principales actores políticos. Y no sólo de nuestra clase política, también las instituciones relevantes de la vida pública, como las Reales Academias, agentes sociales y numerosas organizaciones de la sociedad civil claman por esta necesidad.

El Pacto de Estado por la Educación debe partir, precisamente, del reconocimiento de esta necesidad. Para que sea verdaderamente efectivo, el diálogo que lo sustente deberá emplear la visión de futuro, el interés real por mejorar la calidad de la enseñanza, y el valor para modificar lo que no funciona actualmente, que es mucho. Porque en ANPE hemos criticado la LOMCE, porque nació sin consenso y marcada por los recortes, pero tampoco es la solución la vuelta a la LOE, que recoge todos los postulados del modelo LOGSE, ya superados y que no sirve para dar respuesta a las necesidades de un sistema educativo moderno.

Sucede que las propuestas que vamos conociendo de los principales partidos políticos se alejan de esta visión. Las contenidas en el Acuerdo PSOE-Ciudadanos pivotan sobre la paralización de la LOMCE, mediante la derogación del calendario de aplicación y el compromiso de alumbrar en seis meses una nueva Ley educativa. Dos errores en esta apreciación, el calendario de la LOMCE va inserto en la propia Ley y no puede derogarse aisladamente, a diferencia de los que sucedió en la LOCE que tenía un decreto de calendario específico, y además, una ley orgánica es materialmente imposible aprobarla en seis meses. Hace falta más de un año.

También el PP ofrece ahora un Pacto de Estado, llega tarde, a buenas horas mangas verdes, lástima que no le hubiera ofertado desde la generosidad de una mayoría absoluta antes de haber impuesto una reforma, que desvirtúa en su aplicación incluso sus mejores propuestas y que ha abierto otros escenarios de confrontación que deberían estar ya superados.

Por todas estas consideraciones sabemos que será muy difícil alcanzar un gran Pacto de Estado y que muchas de esas buenas intenciones no son más que proclamas y declaraciones altisonantes con escasas posibilidades de  plasmarlas en un compromiso real y efectivo con un alto grado de consenso.

Desde ANPE, siempre hemos defendido la idea de un Pacto de Estado. Es necesario, ahora más que nunca. Tenemos un buen punto de partida: el artículo 27 de la Constitución, verdadero pilar del Pacto de Estado, para desde ahí impulsar un acuerdo básico que permita conseguir una Educación de calidad buscando la equidad que nos equipare con los países más avanzados de nuestro entorno. Desde este punto de partida, será necesario evitar las discusiones estériles y abordar las prioridades que en nuestra opinión son:

La vertebración y cohesión del sistema educativo. La transferencia de las competencias educativas a las comunidades autónomas no exime al Estado de definir los principios y contenidos básicos comunes para todos y de garantizar la cohesión del sistema educativo. La coordinación y cooperación entre todas las administraciones educativas es fundamental para atender a la programación general y a la ordenación territorial de la educación dentro de la unidad básica del sistema educativo.

El modelo y estructura del sistema educativo. El Pacto deberá revisar el modelo pedagógico actual y su estructura, que con ligeros retoques, ha permanecido inamovible desde hace más de 25 años. Sólo una escuela pública de calidad excelente, en la que se obtenga el máximo rendimiento de cada alumno y se le exija un esfuerzo para lograrlo, puede compensar las desigualdades socioeconómicas y garantizar el principio de igualdad de oportunidades. También es hora de que nos atrevamos a modificar la estructura actual de la Secundaria para que responda mejor a los intereses y capacidades de los alumnos y ampliar un año más el Bachillerato.

Debemos prestigiar como merece la Formación Profesional, para hacer frente a la competencia internacional con la mejor capacitación de los trabajadores. El déficit de titulados de FP exige un impulso responsable de las administraciones

educativas y requiere un diseño actualizado de la oferta formativa y un aumento real de las plazas ofertadas a los alumnos.

La financiación de la enseñanza. Debe existir un compromiso para destinar a educación más recursos, recuperar el 5,2% de antes de la crisis y alcanzar, al menos, un 6% del PIB para en los próximos años y aparcar  la recurrente e interesada discusión de  que los recursos económicos no tienen relación con los rendimientos educativos, cuando resulta que hemos dejado de invertir más de 7.000 millones de euros en los últimos cinco años y nos alejamos cada año de la inversión educativa, respecto a los países de la Unión Europea.

La situación del profesorado, la asignatura pendiente de todas las reformas. Es urgente un Estatuto del Profesorado que defina un modelo de función pública docente  que  constituya un marco básico para los docentes de todo el Estado, que contemple el desarrollo de una auténtica carrera profesional desde el ingreso hasta la jubilación, así como la articulación de medidas que devuelvan la autoridad al docente, dignifiquen la figura del profesor, le devuelvan su valoración social y hagan más atractiva la profesión docente para los titulados universitarios.

El funcionamiento de los centros. Necesitamos desarrollar el principio de autonomía pedagógica y organizativa de los centros y diseñar un nuevo marco de la función directiva incardinada en la carrera profesional, regular la participación y  la convivencia en los centros, así como asegurar el equilibrio en la escolarización en todos los centros sostenidos con fondos públicos y dotar a la enseñanza pública de los medios y recursos necesarios para hacer verdaderamente posible el derecho constitucional a la libertad de elección de centros.

Son cuestiones complejas, indudablemente, pero es necesario alcanzar un consenso sobre ellas si  verdaderamente queremos sacar a la educación de la confrontación ideológica permanente y sentar las bases para un sistema educativo moderno que pueda  dar respuesta a los retos que España tiene como país desarrollado en un mundo  globalizado y en un entorno altamente   competitivo. No deberíamos dejar escapar una nueva oportunidad.