BALANCE DEL CURSO ESCOLAR 2015-16: libro blanco de la función docente, pacto educativo y evaluaciones.  

notice-interinosEstá finalizando el curso escolar 2015-16 y acaba como comenzó, metido de lleno en la vorágine electoral. Si el curso se inició con la convocatoria de las elecciones que se celebraron el 20D, termina con la convocatoria  del próximo 26J. Ello supone que el debate educativo ha estado inevitablemente marcado y mediatizado  por los procesos electorales.  La situación de desconcierto  generado después de las elecciones del 20D, ante la imposibilidad de formar gobierno, se ha mantenido y ha dado paso a otro escenario electoral en el que no se han despejado ninguna de las incertidumbres que se cernían sobre el panorama educativo. Hemos transitado por un curso, sin precedentes, con el Gobierno y el Ministerio “en funciones”.

Nos hemos movido más en el frente de los debates ideológicos y virtuales que en la búsqueda de los acuerdos y en la adopción de propuestas y soluciones, que desde la flexibilidad  y respeto al marco legal vigente, permitieran resolver muchos de los problemas que la aplicación de la última reforma educativa está ocasionando.

Recordamos como el comienzo de curso vino marcado por aquel debate del libro blanco de la función docente en el que ya advertíamos que no era la forma de abordar en profundidad la política del profesorado, y que aquella  propuesta, sin duda bien intencionada  del profesor Marina, pero discutida y discutible,  no iba a ninguna parte si su contenido no  se abordaba en  el marco específico de su ámbito de negociación, la mesa sectorial de educación. Aquello solo sirvió para que algunos, torticeramente, pusieran el foco  en el profesorado y cuestionaran su competencia y profesionalidad y nos distrajeran durante algún tiempo de los verdaderos problemas que la aplicación de la LOMCE y los recortes estaban ocasionando, problemas en modo alguno achacables al profesorado que es el que con su trabajo día a día en las aulas salva las deficiencias  de nuestro sistema educativo

Paralelo al fracaso en la formación del nuevo gobierno tras el complejo resultado electoral, surgió otro de los mantras recurrentes: el pacto educativo. Desde ANPE hemos reiterado hasta la saciedad  la necesidad impulsar un pacto educativo que dote de estabilidad al sistema, aleje a la educación de la confrontación ideológica permanente y alcance un compromiso para hacer de ella una verdadera prioridad política y social  en España.

Metidos de lleno en la campaña electoral, todos los partidos políticos coinciden en la importancia y necesidad de alcanzar un pacto de estado,  pero lamentablemente, a la hora de la verdad, el debate discurre por meras declaraciones de intenciones, vacías de compromiso, llenas de eslóganes y soflamas,  que cuando descienden al contenido de los temas nucleares nos muestran la cruda realidad de las posiciones ideológicas irreductibles, las descalificaciones al contrario y la constatación que estamos muy lejos, por ahora, de lograr el deseado pacto educativo. Dos ejemplos ilustran esta afirmación: el intento  de paralización  de la LOMCE  en el Congreso el pasado mes de abril y la rebelión de las CCAA para poner en marcha las pruebas externas de sexto de primaria.

La proposición debatida en el pleno del congreso sobre la suspensión de la LOMCE puso a la educación en el centro del debate político, de modo irreflexivo, sin pensar en las consecuencias inmediatas que puede tener para la  organización práctica de los centros, para los alumnos y sus familias y los propios profesores, la paralización de una ley que lleva dos cursos aplicándose sin tener aprobada, desde  el  consenso, otra ley alternativa que la sustituya.

Y en el tema de las pruebas externas, que este curso correspondía aplicar la de sexto de primaria,  hemos asistido  a una ceremonia de la confusión orquestada por algunas CCAA que bien se han negado directamente a cumplir la ley o se parapetan en subterfugios legales como el intento de “dejar en manos de los centros” la forma de realizar la evaluación final de Primaria, de manera que sus maestros podrán hacer un examen o sólo el informe individualizado de cada alumno que validará una comisión externa.  Nuestra postura ante  estas pruebas está clara: es una prueba externa de diagnóstico, de carácter orientador, sin consecuencias académicas, que debería estar dirigida a valorar el aprendizaje del alumnado a establecer planes para su recuperación y la mejora del rendimiento que propicie el éxito escolar, sin que en ningún caso sirvan para establecer ranking de centros.

Como también se han puesto sobre la mesa los borradores de las denominadas revalidas de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, ANPE quiere recordar su posición: no nos oponemos a la decisión de incorporar al sistema educativo este tipo de evaluaciones, que han de estar estructuradas y coordinadas por el Ministerio para que resulten efectivas a la hora de diseñar programas y políticas específicas, pero solo tendrán sentido si responden a un instrumento para el diagnóstico del progreso en el aprendizaje, a la homologación de contenidos y a la aplicación de programas de recuperación y que vayan precedidas de un refuerzo previo de la evaluación continua e interna. En los niveles obligatorios ningún alumno debería ver cercenado sus posibilidades de titulación por la aplicación directa de evaluaciones externas siempre que  el alumno haya acreditado suficientemente en las evaluaciones internas la superación de las competencias, los objetivos y  los contenidos curriculares establecidos en cada nivel.

Y en la prueba de 2º de bachillerato nuestras posiciones son coincidentes con la de la conferencia de rectores: una sola prueba externa, con efectos académicos, que sirva para la obtención del título y para el acceso a la universidad.

Si nuestros representantes políticos ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo en una cuestión tan concreta como ésta,  como vamos a pensar  que lo hagan en cuestiones de mayor alcance y trascendencia.

En el relato de todos estos temas  hay un denominador común, no se ha contado con el profesorado ni para buscar su implicación ni para escuchar sus propuestas.  Persiste  el error contumaz de legislar de espaldas al profesorado ignorando que es a éste a quien le corresponde aplicar todas las medias académicas que se aprueben.

Ante el inminente proceso electoral y desde el respeto absoluto a todas las opciones políticas, desde ANPE sostenemos que la Educación debe formar parte de una política de Estado, que responda al interés general de los ciudadanos y no a intereses partidistas. El éxito y la calidad escolar, la formación y motivación de los docentes, la dotación de los recursos necesarios y la confianza en un sistema educativo eficaz y avanzado deberían constituir el verdadero debate educativo y el compromiso político y social de llevarlo a la práctica.  Sólo este compromiso, entre todos, pero contando siempre con el profesorado  permitiría alcanzar los pactos y acuerdos necesarios  que sienten las bases para dotar de estabilidad al sistema y  para contribuir a la mejora de la calidad de la Educación en España.