La desvertebración del sistema educativo

CapturaLas manifestaciones  del Presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto (ANELE) en la subcomisión del congreso denunciando presiones para  la elaboración de los contenidos de los libros de textos en algunas CCAA unidos al reciente estudio de AMES en Cataluña alertando de los «planteamientos ideológicos partidistas y tendenciosos» en los libros de Ciencias Sociales de 5º y 6º de Primaria de las principales editoriales distribuidas en Cataluña, ha sido el desencadenante de que el Ministerio de Educación haya solicitado un informe a la Alta Inspección para ver si se vulnera la legalidad vigente, abriendo con ello un  debate social sobre esta cuestión.

Resulta sorprendente que a estas alturas haya quien se extrañe de ello o que ignore esta situación, que no es nada novedosa. Ya en año 2007 el diario El Mundo publicaba en sucesivos capítulos un reportaje muy amplio analizando y comparando el contenido de los libros de textos de varias editoriales y de diferentes CCAA mostrando las diferencias tan enormes que se daban en el tratamiento de los contenidos. ANPE también había denunciado esta problemática que comenzó a evidenciarse a partir del desarrollo de la LOGSE con el porcentaje y distribución competencial del currículo básico y que tuvo su punto culminante con la publicación de la disposición adicional cuarta de la LOE, que eliminaba para la elaboración y edición de los libros de textos la previa autorización administrativa.

Ello supone que al ser un control “a posteriori” nadie vigila ni supervisa el tratamiento de los libros de texto, dejando al albur de cada comunidad la elaboración y edición de los contenidos.

Estas enormes diferencias y distintos planteamientos en los libros de texto ponen de manifiesto no sólo el incumplimiento de los porcentajes básicos comunes, que deberían ser preceptivos para todo el Estado, sino la dejación que los poderes públicos vienen realizando sobre la educación como elemento vertebrador de la sociedad y clave para su desarrollo. Desde la asunción de las transferencias educativas por las comunidades autónomas, asistimos a una desaforada carrera de algunas de ellas por priorizar lo que nos separa en lugar de lo que nos une, aunque sea a costa de manipular la historia, la literatura, la ciencia… Las primeras víctimas de esta manipulación son los alumnos españoles que ven gravemente cercenados derechos fundamentales, como el uso de la lengua propia común, el acceso a la totalidad del patrimonio cultural de su país y el conocimiento de las instituciones del Estado. Y ello no es incompatible con el desarrollo y la gestión de un marco competencial propio, que naturalmente incluya el conocimiento de su lengua vernácula propia, lengua cooficial, y el acervo cultural especifico de cada CCAA, imprescindibles para enriquecer la formación de nuestros alumnos.

Pero la visión sesgada, sectaria y en algunas ocasiones hasta grotesca que vemos en el estudio comparativo de los libros de texto, no se corresponde con la finalidad real de la educación, que es formar ciudadanos libres, y fundamentar el desarrollo económico y la proyección social de un país. La transferencia de las competencias educativas a las comunidades autónomas hace imperativo que el Gobierno, en uso de sus legítimas competencias, fije los aspectos básicos del currículo escolar para garantizar una formación común de los alumnos, coordine las actuaciones de las administraciones autonómicas y en última instancia vele por la cohesión del sistema educativo. Cada Ley educativa desde la LOGSE hasta la propia LOMCE ha ido reduciendo el porcentaje de contenidos y de horarios del currículo básico de los alumnos y ahondando en la desvertebración educativa.

Esta desvertebración no solo se manifiesta en los libros de textos, sino en la propia distribución curricular, en las pruebas de evaluación y en otros aspectos de la gestión de la educación como la financiación, las convocatorias de oposiciones a los cuerpos docentes…que abre una brecha significativa en los resultados académicos entre las CCAA como señalan los informes internacionales y que puede abocarnos, de no remediarlo pronto, a la desintegración en diecisiete sistemas educativos

Desde ANPE siempre hemos considerado prioritario un Pacto de Estado por la Educación que garantice esta imprescindible vertebración y cohesión del sistema como único garante de la igualdad de todos los españoles consagrada por nuestra Constitución y que garantice la cooperación leal entre todas las Administraciones Educativas.  La educación y la formación determinan el futuro personal y social, y por eso deben ser un asunto de Estado, no de partido ni de territorios. Por ello, desde ANPE reclamamos que el pacto educativo, si al final se lograse, para que sea eficaz y viable tiene que ser político, social y territorial.