El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, presidió ayer la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, en la que estudió la modificación del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
En la misma, se alcanzaron los siguientes acuerdos:
- Modificar el texto del Real Decreto para incluir una disposición transitoria en el reglamento, referida al procedimiento de ingreso que se deriva de los procesos de estabilización de empleo temporal previstos en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado.
- Aumentar la ponderación de la fase de concurso en puntuación global del procedimiento de ingreso [ Ver PDF]
- Aumentar el número de temas elegidos al azar para el desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante [PDF]
- Aumentar la valoración de la experiencia docente previa en la fase de concurso, pasando de un máximo de cinco puntos a un máximo de siete puntos.
- Aumentar el número de años de experiencia docente previa, pasando de un máximo de cinco años a un máximo de diez años, valorados a razón de 0,700 puntos por cada año de experiencia docente en especialidades del cuerpo al que opta el aspirante, en centros públicos.
En la reunión se constató la necesidad de que la prueba de conocimiento de la que se examinen los opositores sea eliminatoria, posición que ANPE ha defendido desde el principio. Así lo recomiendan dos informes de la Abogacía del Estado que aseguran que el hecho de hacer las pruebas sin ser eliminatorias “desnaturaliza la institución de la oposición como proceso selectivo, vulnerando los principios constitucionales de capacidad e igualdad en el acceso a la función pública e infringiendo varios artículos de la Constitución Española, la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado y la propia Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017".
